Por Fernando Salinas Manfredini

Durante 4 años, sin éxito, las organizaciones ciudadanas y los parlamentarios de la Región del Maule han solicitado al Intendente que cumpla con el mandato de la Cámara de Diputados, en orden a solicitar al Ministerio Público que investigue las irregularidades que eventualmente pudiera haber en la aprobación de la Termoeléctrica Los Robles.

El 12 de Enero de 2010 estábamos Lupe Muñoz y yo en la tribuna de la Cámara de Diputados, ella en representación ciudadana de la ciudad de Constitución y yo por Chanco. En la tabla de la H. Cámara de Diputados estaba estipulado que ese día se votaría el informe que la Comisión de Recursos Naturales (que actuó como Comisión Investigadora) elaboró sobre las irregularidades que se habrían presentado en el proceso de calificación ambiental que finalmente aprobó la instalación de la Termoeléctrica Los Robles en el límite costero de la Comuna de Constitución y Chanco, frente al Faro Carranza. Esta comisión se constituyó ante el evidente clamor ciudadano que revelaba el tremendo crimen medioambiental y social que se estaba cometiendo con este proyecto. La Comisión realizó un exhaustivo trabajo que incluyó también visitas a la zona y entrevistas con todos los actores involucrados.

El informe de la Comisión de la Cámara, informado por el diputado Roberto León, fue lapidario, tanto con las autoridades que participaron en la aprobación, como con la empresa patrocinadora del proyecto, AES Gener S.A., quedando claramente establecido que no solo hubo irregularidades de tipo técnico, sino también algunas prácticas que podrían constituir delito, por lo que conminó a la Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la época a que hiciera llegar este informe al Intendente del Maule, para que oficiara al Ministerio Público, solicitándole investigue dichas irregularidades. Cabe señalar que el informe se aprobó por unanimidad.

Pasó el tiempo, hubo cambio de gobierno, y como no teníamos noticias de esa investigación fuimos, el día 30 de abril de 2011, a visitar al Intendente del Maule, Rodrigo Galilea, junto a la senadora Ximena Rincón, el diputado Roberto León y varios dirigentes sociales de Constitución, Chanco, Pelluhue, Curanipe y Cauquenes. El Intendente nos atendió muy amablemente y nos comentó que el problema se suscitó porque, a raíz del colapso del edificio de la Intendencia para el 27 F, el informe se habría perdido. Ante eso, la senadora Rincón y el diputado León le entregaron una copia del informe y le dieron los antecedentes para solicitarlo al Ministerio del Medio Ambiente. Se comprometió a hacerlo.

Luego de pasar varios meses sin tener noticias, los diputados de Maule Sur, Guillermo Ceroni e Ignacio Urrutia, fueron a conversar nuevamente el tema con el Intendente para que procediera con lo estipulado por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Ellos mismos han manifestado que la situación sigue pendiente.

¿Por qué razón el Intendente Galilea no ha realizado ese trámite en cuatro años a pesar de la insistencia de las organizaciones ciudadanas y de los parlamentarios de la región, desoyendo el mandato de la Comisión Investigadora de un poder del Estado? Tal vez sea por simple olvido crónico o, quizás, una vez más esto sea la consecuencia de una acción misteriosa de alguien que no quiere que la situación se investigue porque, obviamente, la empresa AES Gener S.A. y las personas involucradas tendrán que responder por sus acciones ante la justicia si se confirman los ilícitos que la Comisión de la Cámara de Diputados solicitó investigar.

En cualquier caso, el responsable final de que el trámite no se haya cumplido es el Intendente del Maule. Es realmente increíble constatar que quien tiene la obligación administrativa y moral de solicitar la investigación de una irregularidad de esta envergadura se haya hecho permanentemente el leso.  Lamentablemente, los Intendentes son “designados” por el Presidente de la República y sólo se deben a él. Por ello, es indispensable para la dignidad de las regiones que estos funcionarios sean elegidos por la ciudadanía, de otra manera, estas acciones de “desparpajo anti-ciudadano” seguirán ocurriendo.